Cinco ambientalistas de Santa Marta, departamento de Cabañas, en El Salvador, detenidos hace más de un año, en medio del Régimen de Excepción, fueron enviados este miércoles a juicio acusados de asesinato y asociaciones ilícitas, denuciaron sus defensores.

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La Fiscalía General de la República (FGR) había presentado un dictamen de acusación sin pruebas, ya que durante el año que duró la fase de investigación del proceso no obtuvo ni un sólo elemento que confirmara la existencia de los delitos señalados y la participación de los acusados.

En tanto, la Asociación de Desarrollo Económico Social de Santa Marta (ADES) había solicitado este lunes a una corte penal de El Salvador que finalizara, por falta de pruebas, un proceso contra los cinco líderes comunitarios acusados por un supuesto asesinato durante la guerra civil salvadoreña (1980-1992).

ADES pidió al Juzgado de Segunda Instancia de Sensuntepeque que actuara en base a la legalidad y diera por finalizado ese injusto proceso penal, para que sus compañeros regresen a sus labores de defensores ambientales.

Las personas procesadas son residentes de la comunidad Santa Marta, localizada en el departamento de Cabañas, uno de los lugares más golpeados en la guerra civil y sus habitantes han pedido en reiteradas ocasiones justicia ante los casos de violaciones de derechos humanos.

Los líderes de dicha comunidad presionaron por la prohibición de la minería metálica en El Salvador, que finalmente fue proscrita en una ley aprobada en marzo de 2017 por la Asamblea Legislativa.

Pese a que la resolución judicial fue desfavorable para los ambientalistas Miguel Ángel Gómez, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas Laínez, Saúl Agustín Rivas Ortega y Teodoro Antonio Pacheco, de Santa Marta – ADES, el mensaje colectivo fue la “lucha continúa”.

Alfredo Leiva, líder comunitario de Santa Marta, manifestó que si bien la resolución de la jueza Amaya Rivera, ha sido adversa “en el fondo, ya esperábamos algo así”, tras declarar que la jueza, simplemente “evadió tomar la responsabilidad del caso”, ante las constantes denuncias y observaciones hechas por cientos de organizaciones nacionales e internacionales, incluidos los organismos de Derechos Humanos de la ONU, en cuanto a la poca sustentación de las acusaciones.

Vidalina Morales, directiva de ADES -Santa Marta, señaló que la decisión de la jueza, Amaya Rivera, ha sido inesperada de primer momento, no dudó en considerar que sabían que podrían enfrentar una situación de injusticia por la lucha que libran en el territorio de Cabañas los cinco compañeros ambientalistas enjuiciados.

“Nosotros sabemos a quién responde el sistema judicial y esta jueza interina (Amaya Rivera), que prácticamente sólo ha estado pasando papeles. No cabe duda, que no ha actuado con base a la ley, como le hemos venido exigiendo desde el inicio de este proceso judicial”, afirmó la lideresa. El proceso continúa y estaremos aquí en pie de lucha hasta ver en libertad a nuestros compañeros, pero una libertad total y definitiva, así que, la lucha continúa, allí está la resolución de esa jueza que es injusta, pero vamos a seguir luchando”, agregó Morales.

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